Cuando el trabajo es un placer la vida es bella. Pero cuando nos es impuesto la vida es una esclavitud. LORENZO GUERRA SANTANA LM-1571 TLFN,722-256-743 DOMINGO GUERRA SANTANA LM-521 TLFN,699-878-114
lunes, 18 de marzo de 2013
SERVICIO DE TAXI EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,
Recientemente, en un artículo publicado en este medio, realicé algunas observaciones al nuevo Reglamento del Servicio de Taxi de aplicación en Canarias a partir de la fecha de su entrada en vigor el 11 de septiembre pasado, aprobado por Decreto 74/2012, de 12 de agosto. Como expresé en dicho artículo, desde la observación y el análisis de la normativa comparada al efecto y de los derroteros adoptados en otras comunidades autónomas, no es ni mucho menos, el reglamento innovador que se pudo haber aprobado y que los profesionales y las corporaciones locales esperaban.
No obstante, dicho reglamento vincula y es de aplicación por las corporaciones citadas del archipiélago y por tanto, por el municipio de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC). Éste, por otra parte, además de ser el municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias con más habitantes, es el que cuenta con mayor número de licencias municipales. A ello hay que añadir que es igualmente el que mayor número de personas recibe, como usuarias de servicios administrativos, comerciales, asistenciales, turísticos o de cualquier otra índole. Esto supone que corresponde a dicho ayuntamiento tomar la delantera en la elaboración de la correspondiente ordenanza, como además mandata la Disposición Final Tercera del citado reglamento, dictado en desarrollo de lo establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias (LOTCC).
El actual Reglamento Municipal del Taxi del Ayuntamiento de LPGC data del año 1998, aprobado en sesión plenaria de 29 de mayo del citado año, con una pequeña modificación del año 2002. Por tanto, con una vigencia de 14 años, sin que durante ese tiempo fuera adaptado a las nuevas tendencias, lo que debe aprovecharse ahora conforme exige el precepto ya citado.
Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 84.2 de la LOTCC, en relación con los aspectos que mediante norma reglamentaria deben regular las corporaciones locales en cuanto al servicio del taxi se refiere, creo que el ayuntamiento de LPGC, así como cualquier otro, deben hacer especial hincapié en los asuntos que luego citaré, pero sin olvidar que, “el servicio del taxi es una actividad privada, sometida a una licencia municipal” y en consecuencia, con obligado cumplimiento por sus titulares y/o conductores de las normas establecidas en el reglamento u ordenanza correspondiente, no olvidando, claro está, la participación en su proceso de elaboración, de los titulares y conductores, a través de las asociaciones profesionales, así como las de consumidores y usuarios y otras instituciones públicas y privadas con derecho a dicha participación. Pero repito, corresponde al ayuntamiento el dictado para su estricta aplicación, del reglamento u ordenanza correspondiente. Por ello, es preciso destacar que el acceso a la profesión y titularidad de una licencia es totalmente voluntario, lo que implica la aceptación de las normas dictadas al efecto.
Una ciudad que se precie, y creo que LPGC lo es, debe hacer al respecto, lo que otras de su misma o parecida dimensión han realizado, pues no hay que olvidar que el servicio del taxi y su calidad de prestación contribuyen, sin duda, a elevar el prestigio de la misma y refleja en consecuencia el nivel de calidad de los servicios de la ciudad a la que pertenecen.
Recientemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hacía público un estudio comparativo de diversas ciudades españolas sobre el servicio de taxi, en el que la lista de los problemas detectados era excesivamente larga: rodeos innecesarios en los servicios, suplementos mal cobrados, cambio mal dado, utilización de lenguaje soez, vestimenta no adecuada de los conductores, falta de limpieza en los vehículos, etc. Es preciso destacar que, el propio estudio “no refleja a la totalidad del sector, pero confirma las sospechas existentes en los usuarios y que los propios taxistas deberían ser los más interesados en disipar”.
Igualmente, en la prensa local se suelen destacar con frecuencia actitudes parecidas a las expresadas anteriormente, que si no se atajan a tiempo y con energía, pueden derivar en consecuencias imprevisibles, tanto para el sector como para el propio municipio y su ayuntamiento. Asimismo, los medios de comunicación transmiten continuamente declaraciones de los políticos responsables del área y de los representantes del sector relacionados casi siempre con los asuntos siguientes: floteros, vacaciones y descansos, tarifas, seguridad… Rara vez se hace referencia a la calidad que debe tener el servicio en todos sus aspectos, desde la categoría y limpieza de los vehículos hasta la formación y limpieza y aseo de los conductores, pasando por la importancia en la prestación del servicio.
Por tanto, el ayuntamiento de LPGC debe acometer de inmediato la elaboración de un nuevo reglamento municipal, en el que, sin olvidar la generalidad de sus competencias, debe regular de forma expresa, clara, concreta y precisa o remitir a normas complementarias en desarrollo de aquél, en las siguientes materias:
Gestión del vehículo e inspección del servicio.- La LOTCC y el reglamento que la desarrolla exigen que la explotación del servicio se llevará a cabo por su titular, pudiendo éste contratar el servicio de un conductor “asalariado”. De igual forma estaba regulado en el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros (conocido como Reglamento Nacional del Taxi). Sin embargo, es fórmula tradicional tácitamente aceptada que muchos vehículos son “explotados de forma fraudulenta con extraños contratos y poderes de administración” realizados por quiénes en el argot profesional se conoce como floteros, los que por otra parte, son defendidos y/o amparados por ciertos sectores profesionales y algún que otro político, pues aquellos contribuyen a intereses defendidos por éstos. Además, y está demostrado, los llamados floteros prestan un peor servicio, pues solo persiguen el enriquecimiento injusto, encubren otras irregularidades ya conocidas a través de insistentes denuncias en la prensa y en las distintas administraciones, como son entre otras, “la cesión ilegal de trabajadores”, “la contratación irregular de éstos” y en muchos casos, “la evasión de impuestos y…”. Ante ello, solo cabe un buen servicio de inspección en todos sus aspectos y la imposición de sanciones efectivas y ejemplarizantes a los infractores.
Atención a las asociaciones profesionales.- Hay que prestar atención, pues así está previsto legalmente, a las asociaciones profesionales del sector. Pero a todas, no solo a aquellas que dicen representar a la mayoría del sector, pues si se indaga,… Además, debe prestarse atención a las asociaciones de asalariados, a las de comerciantes y/o empresarios directamente afectados, a las de consumidores y usuarios, etc. Espero haberme expresado con claridad al respecto.
Obligaciones de prestación del servicio, vacaciones y descansos.- Como actividad privada sometida a licencia municipal, el titular de ésta, entre otras, tiene la obligación de prestar servicios determinados y por tanto es al ayuntamiento a quien corresponde establecer éstos. No es de recibo que, ante eventos de cierta entidad y por tanto necesitados del servicio de taxis, los usuarios queden huérfanos de los mismos por decisión unilateral de sus titulares (días de fútbol u otros deportes, obras de teatros o espectáculos multitudinarios, fiestas navideñas o de carnaval, etc.), ya que “como no me interesa, no trabajo”. Ante esta costumbre tan arraigada, es el ayuntamiento quien tiene que establecer dichas obligaciones, sin perjuicio de otros acuerdos que al efecto se establezcan. De otra parte, es de sobra conocido, comparativamente con otras ciudades españolas y europeas, el exceso de número de licencias existentes en el municipio de LPGC. Ante tal situación, solo cabe una alternativa: la imposición de turnos de vacaciones y días de descanso obligatorios. Al poco tiempo de su establecimiento, los responsables políticos, los titulares de licencias, los conductores y los usuarios, sin duda alguna, no solo comprobarán sus beneficios sino que lo agradecerán.
Formación, vestimenta y aseo personal de los conductores.- Como anteriormente expresé, la calidad del servicio del taxi en su sentido más amplio da imagen y prestigio a la ciudad que representa. La atención que presta el conductor del servicio dependerá fundamentalmente de su educación y de su formación, aspectos que como queda reflejado en el estudio realizado por la OCU, dejan en muy mala situación a la mayoría del colectivo profesional. Es por ello necesaria, la exigencia de una formación y “educación” mínima para prestar un servicio al público, como demanda y se merece la ciudadanía. De otra parte, los que dominan el colectivo, que son los que votan, siempre y sin ningún argumento, se oponen a la exigencia del “uniforme”, como también se oponen con los mismos argumentos, es decir, ninguno, al día de descanso. Además, no falta la opinión del político al respecto que ratifica la “mayoritaria opinión”, con la siguiente declaración: “el sector ha decidido con una clara mayoría que no quieren cambiar nada y así se hará, no cambiaremos nada. Aquí no se impone nada, esto sí es participación y colaboración del Ayuntamiento y el taxi”. Amén. “No cambiar nada” o “no cambiaremos nada”, supone que, ante otra decisión “mayoritaria”, sea cual sea, se adoptará la misma decisión. Pues bien. ¿Quién es esa mayoría? ¿Por quién está compuesta? ¿…? En fin, no seré yo quien dé instrucciones o lecciones de lo que se debe hacer al respecto, pero de lo que no tengo dudas, es de a quién corresponde la obligación de decidir. En cualquier caso, si no se exige uniforme, requiérase al menos con un poco de cordura, una mínima exigencia en la vestimenta y en el aseo personal de los conductores, ya sean titulares o asalariados.
Paradas y seguridad.- Otras de las constantes demandas del “colectivo” son las relativas a las “paradas” que deberán establecerse y la “seguridad” que debe dispensárseles. En cuanto a la primera, es el “colectivo” quien propone donde deben instalarse. Además, estamos acostumbrados a ver en la prensa frases tan contundentes como las siguientes: “los taxis empujan la parada de Guaguas hacia la Base Naval” o “la parada de las guaguas de la avenida se muda para dejar hueco a los taxistas”. Ello evidencia que son éstos los que toman la iniciativa al respecto, en función de sus intereses. Sin embargo, y sin perjuicio del derecho de los profesionales taxistas a participar en esta decisiones, quienes más derechos tienen a ello, son los usuarios, el transporte público colectivo, así como otras instituciones públicas y privadas con quienes habrá de contarse, pues igualmente defienden intereses con derecho a amparo. Respecto a la seguridad que demandan, a la que sin duda tienen derecho a reclamar, no debemos olvidarnos de la seguridad de los conductores de guaguas, de los empleados de farmacias, de los cajeros y cajeras de supermercados, en fin, de todos aquellos que prestan servicio de cara al público. Por tanto, ¿debe asumir el coste de esta seguridad o parte del mismo, al margen del que supone el de la Policía Local, el ayuntamiento capitalino? Parece que sí, pues así se deduce de las manifestaciones de los responsables municipales.
Recinto portuario y cruceros.- Un simple comentario. Los abusos y tropelías que se están cometiendo con los usuarios dentro del recinto portuario, habrán de cortarse de raíz y con contundencia, sobre todo por la falta incomprensible de un servicio urbano colectivo dentro del citado recinto, con la absurda disculpa de la autonomía portuaria. No existe al efecto ningún impedimento legal. Solo hace falta para ello voluntad política. Pero si denunciables son los abusos comentados, la desidia municipal y las actuaciones por parte de un “conocido grupo” de taxistas con los cruceristas que sería largo de exponer, requieren al respecto una actuación inmediata por parte de la administración competente y una regulación expresa al efecto.
Sistema tarifario.- Dos son las cuestiones primordiales que debe afrontar con valentía y objetividad el ayuntamiento. Una, la discriminación que se hace con los distintos núcleos del municipio, obligando a unos vecinos y eximiendo a otros del pago de diferentes tarifas, sin argumentación convincente alguna, cuando la LOTCC define a todos los efectos qué se considera transporte urbano. Dos, el ayuntamiento debe asumir e innovar, estableciendo dos tipos de tarifa urbana, en atención a la calidad del vehículo (generalmente, los de peor calidad y más sucios pertenecen o son explotados por los floteros), pues de lo contrario, se penaliza por una parte al usuario (por ejemplo, a elegir vehículo en parada) y por otra al titular del vehículo limpio y de mejor confort y calidad que, con mayores costes, percibe la misma cuantía por igual servicio.
Subvenciones.- Tradicional es que las distintas administraciones den subvenciones sin mayor control y en algún caso, sin control alguno, al colectivo de taxistas para conceptos a los que en realidad no son destinados. Todos me entienden. Los intereses son recíprocos. Cuando en otras comunidades autónomas se comenta las subvenciones repartidas por estas islas, el asombro es unánime. Por tanto, hay que cuidar al máximo la distribución del erario y más en la época que atravesamos.
Gestión del servicio.- Por último, aunque la lista de sugerencias sería interminable, termino con ésta: el ayuntamiento de LPGC si quiere equipararse a las ciudades similares, al menos en cuanto al servicio del taxi se refiere, debe asumir sin retraso un cambio radical en la gestión del servicio, creando con la figura jurídica que considere más oportuna, como se ha producido en otros ayuntamientos, la constitución de un “órgano especial de gestión y administración desconcentrada y sin personalidad jurídica propia”, para evitar aumento de costes innecesarios, lo que además de no generar gasto alguno, si podrá por el contrario generar nuevos ingresos y autofinanciarse con personal propio de la corporación. Ello sin duda le dará vitalidad y agilidad a un servicio que lo merece y demanda urgentemente. Este órgano sería el encargado de desarrollar lo anteriormente expuesto y abrir el camino para la consecución de un servicio de taxi de calidad, con entre otros, una buena pagina WEB de información y servicios así como otras medidas acordes con la realidad actual.
Por último, tengo tres motivos para confiar en que el alcalde de la ciudad acometerá tal proyecto o dará las instrucciones al efecto.
PRIMERA. Su experiencia profesional privada y su responsabilidad política en el área en distintas épocas e instituciones le hacen conocedor privilegiado del sector al que con bastante frecuencia hace referencia.
SEGUNDA. Su compromiso personal en la campaña electoral de las pasadas elecciones ofrecido a los electores (página 47 de su programa), respecto al referido servicio.
TERCERA. Es presidente de la Comisión de Transportes de la Federación Nacional de Municipios, lo que le permitirá si pone empeño, de informarse de todas las innovaciones y avances al respecto en los últimos años. Lo contrario, sería frustración y decepción, además de un fracaso imperdonable ante la ciudadanía que no solo le ha dado su apoyo mayoritario, sino que se merece y demanda un cambio radical en el servicio.
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